Lima, 8 sep (EFE).- El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, expresó este viernes su preocupación ante la decisión del Congreso de iniciar una investigación sumaria, por causa grave, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y afirmó que la posición del Legislativo en este momento puede generar riesgo en la democracia del país.
«La posición del Ejecutivo, lo hemos conversado con el ‘premier’ Alberto Otárola, es en primer lugar de una preocupación respecto a esta investigación porque consideramos que las instituciones y la democracia pueden estar, por un lado en riesgo, y por otro lado, creemos que las instituciones en el caso de organismos constitucionalmente autónomos deben ser protegidos», dijo a la emisora RPP Arana, quien juró su cargo como ministro este miércoles,.
Señaló que se debe entender que la posición del Congreso «puede generar en algunos momentos esta preocupación y este riesgo».
«Desde el Gobierno exhortamos al Congreso a que se conduzca esta investigación dentro de los cánones constitucionales y que se haga lo que tenga que hacerse de la manera más prudente», declaró el ministro.
Añadió que el Ejecutivo y el ministerio que dirige es respetuoso con las atribuciones y competencias del Congreso, pero que consideran que las razones que llevan a una investigación de este tipo «deben estar basadas justamente en fundamentos que tengan validez constitucional y jurídica».
El Pleno del Congreso aprobó este jueves, con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria, por causa grave, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con un plazo de 14 días para que presente su informe.
La congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, presentó la moción que busca la remoción de los integrantes de la JNJ bajo el argumento de que «se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales».
Como fundamentos de hecho, la moción presentó un pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la Nación (general), Zoraida Ávalos, y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.
Después de la votación, la propia JNJ mostró su rechazo a dicha investigación y dijo que al país le constan «las amenazas que desde diversos frentes se ciernen» sobre la Junta, «sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales».
Añadió que el Congreso peruano ha aprobado una moción para que los siete miembros del pleno de la JNJ sean sometidos a «proceso sumarísimo para su total remoción, a partir de imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna».
Y consideró que la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, «constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú».
El Sistema de Naciones Unidas en Perú también expresó su preocupación por la moción del Congreso al organismo judicial y afirmó que este tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país.